A través del decreto 1471, el pasado 19 de diciembre, el gobierno provincial oficializó la prórroga del mandato de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de los docentes salteños hasta noviembre de 2019. Sin embargo, el decreto llega tarde, ya que la Junta se encuentra en situación irregular desde octubre de 2018, cuando el Ministerio decidió no convocar a elecciones por “falta de presupuesto”.
El propio decreto, que pretende regularizar una situación encubre una maniobra, dice que se convocaran a elecciones en el mes de abril, pero seguirán vigentes los actuales miembros hasta noviembre de 2019. OJO!!! En abril saldrá la convocatoria, pero planifican un año más con la actual.!!!
Esta prórroga muestra la complicidad entre ADP, la Junta y el Ministerio y el resguardo de su impunidad, deja en claro que Urtubey y la ministra de educación Berruezo, están montando un operativo de salvataje de la burocracia de la ADP para seguir doblegando a la docencia salteña e imponiéndole degradación de sus condiciones laborales, salarios a la baja e inestabilidad laboral. Al gobierno no le importan ni las corruptelas ni las designaciones turbias o amañadas porque son el mecanismo de poder clientelar y extorsivo sobre el cual Argañaráz garantiza quebrar la capacidad de organización independiente y lucha de la docencia.
La junta, en el centro de la tormenta
La junta calificadora se encuentra cuestionada, no solo por los docentes, sino por toda la sociedad salteña, por las denuncias de corrupción que involucran a la comisión directiva de ADP, a su secretaria Gral. Patricia Argañaraz y al propio Ministerio de Educación.
Las denuncias más graves, aparte de la malversación de fondos, son justamente vinculadas a las tareas propias de la Junta, designaciones fraudulentas, emisión de títulos falsos, alteración en el cuadro de puntaje, irregularidad en las designaciones, traslados y concursos arbitrarios, persecuciones y hostigamientos laborales a quienes osan denunciar estos atropellos.
Dada la actual composición de Junta, de un total de 10 miembros, 6 (dos de cada sala) responden a la lista celeste de Argañaraz-Baradel, 1(uno) referente del sindicato mayoritario de la provincia que también es de la celeste de ADP, y los 3 representantes del ministerio, conforman así la tríada perfecta para diseñar políticas a espaldas de la docencia y de sus intereses, alejada de todo tipo de control del magisterio..
Es una tarea de primer orden para los docentes, la recuperación de nuestra junta calificadora para terminar con la corrupción y la manipulación de nuestras carreras.
Necesitamos una junta al servicio de los docentes y para poder defender sus derechos y autonomía, debe ser independiente de los organismos del gobierno provincial y de ADP de Argañaraz. Solo una junta en manos de los propios docentes y bajo su control, podrá representar sus intereses genuinos.
No aceptemos maniobras
Cuestionado por la crisis de corrupción, en la fundamentación del proyecto el gobierno dice que las elecciones se postergan por “…el interés que generó en la docencia salteña la modificación de la Ley N° 6830, Estatuto del Educador”, ¡¡¡nos mienten descaradamente!!! Hasta fines de 2018, jamás presentaron proyecto de modificación en el Estatuto. Al contrario, se negaron todos estos años a tratar el único proyecto de modificaciones del Estatuto del Educador que presentó el bloque del Partido Obrero en la legislatura provincial y que plantea avances en derechos laborales para los docentes
Y en relación a la posible reforma de la composición de la Junta, ¿tendrá que ver con lo que históricamente solicitábamos que todos los miembros sean elegidos por la docencia? ; y que se aplique el sistema D´hont en la totalidad del cuerpo colegiado y no por salas como se viene aplicando que también denunciamos como antidemocrático ya que dejó sin representación a casi el 60 % de los votantes? o solo buscan consolidar más aun las burocracias sindicales como apéndices del gobierno que busca dividir y regimentar a la docencia!!!
La crisis de corrupción que atraviesa al Ministerio y ADP, es una enorme oportunidad para que los docentes podamos avanzar, recuperar nuestra vida sindical, nuestra Junta Calificadora y constituyamos una fuerza colectiva para quebrar el ajuste en la Educación Pública. ¡Manos a la Obra
